A la espera del lógico sí del Senado, por fin tenemos una Ley específica sobre cambio climático y transición energética. La primera norma integral para luchar contra este fenómeno.
La nueva ley contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% hasta 2030 respecto a los niveles de 1990, y la neutralidad climática en 2050. La Ley también fija el reto de alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42% (actualmente es del 20%), y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías renovables (frente al 40% actual), entre otras medidas. Estos objetivos, que son poco ambiciosos, se espera que se revisen al alza en 2023.
La ley aprobada refuerza el cambio en la movilidad que ya se está dando en la sociedad y el sector industrial hacia el vehículo eléctrico, fundamentalmente. El texto, pone fin a la venta de vehículos de combustión en 2040, y de acuerdo con la norma europea de descarbonización, la nueva ley señala que los turismos y vehículos comerciales ligeros y no destinados a usos comerciales reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que para 2040 sean de 0 emisiones. Además establece 2023 como fecha tope para que los municipios de más de 50.000 habitantes (o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire) establezcan áreas de bajas emisiones. También se incluyen obligaciones para puntos de recarga tanto en gasolineras como edificios.
La norma establece la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos, tanto marinos como terrestres. No se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas, ni se autorizarán actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del ‘fracking‘.
Ordenación de futuras instalaciones de energías renovables
La ley regula el cada vez más polémico despliegue de las renovables, imponiendo restricciones a los proyectos de energías renovables para que se acometan de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad, la conservación del patrimonio natural y la lucha contra el deterioro demográfico.
La ley obliga al Gobierno a incluir la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las enseñanzas que se imparte en colegios e institutos. También menciona la importancia de combatir la emergencia climática desde casa, priorizando los alimentos de temporada y proximidad.
La ley plantea, además, compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético, así como la rehabilitación de viviendas para que sean más eficientes. También pretende impulsar el ferrocarril como transporte para reducir emisiones y una ordenación urbana (incluidas las zonas de costa) que tenga en cuenta la lucha contra el cambio climático.